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Espacioindependiente  nº 280,  jueves 8 de noviembre,  2018

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La justicia al revés: la estafa de la Banca y la Magistratura

Ni un día más de régimen de los banqueros

Por 15 votos contra 13, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha cambiado la sentencia del 16 de octubre, que hacía responsables a los bancos del pago del impuesto para la inscripción de los créditos hipotecarios. Ahora vuelve a condenar a los compradores al pago de dicho impuesto. El origen de esta situación deviene de la titularización hipotecaria de la Ley 19/1982 y de la firma del Tratado de Maastrich, que pone en boga la creación de la unión monetaria del euro, liberalizando los flujos de capital sin restricción del tipo de cambio, y que dio lugar a la burbuja inmobiliaria y a la colosal estafa de Estado contra los derechos de la población. Desde la ley 2/1981 la Banca no cumple con la anotación en el Registro de la Propiedad, habiendo ejecutado centenares de miles de hipotecas y otorgado créditos sin legitimidad alguna.

 Lo sucedido extiende la crisis del régimen a las altas instancias judiciales y bancarias, a las que arrastra a su punto más bajo de estima popular. Golpe antidemocrático del Tribunal Supremo contra las demandas populares de poner fin a la corrupción institucional, que coincide en el tiempo con las acusaciones infundadas contra los dirigentes del proceso catalán y que chocan con los criterios puestos de relieve por los jueces europeos, y con la sentencia de Estrasburgo contra la Audiencia Nacional por juicio injusto contra Otegi. Es todo el engranaje político e institucional del régimen de la Monarquía el que está en cuestión, incapaz de responder democráticamente a las demandas obreras y populares más elementales.

La crisis de los impuestos de las hipotecas pone en cuestión al régimen en su conjunto, como entramado comparsa y cómplice necesario del saqueo del gran capital financiero, de las mafias del ladrillo dedicadas a la estafa y a la especulación.

 En este contexto se produce el fallo, y su posible retroactividad, que podía haber traído consigo la devolución de muchos miles de millones a los compradores de inmuebles mediante créditos hipotecarios, y el mismo cuestionamiento de los desahucios; cantidades que los bancos debían haber sacado de sus inmensos beneficios. La Bolsa reflejó inmediatamente el momento con descensos generalizados de los valores bancarios, y en pocas horas se evaporaban 6.000 millones de euros. Quince días después, y por primera vez en la historia, el Supremo, en un verdadero golpe de togas, revoca su propia doctrina para acudir en defensa de los banqueros y de sus capitales. Y la Bolsa reacciona con subidas generalizadas.

Ocho millones de personas están afectadas por el pago indebido de dicho impuesto, que es el más alto de toda Europa, y por ello han sido numerosos los colectivos que han denunciado el golpe de los jueces en defensa de los intereses de los banqueros. En las fachadas y cristales de numerosas entidades bancarias han aparecido pintadas y carteles en los que se acusa a los banqueros de “robar al pueblo”. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial está conminado a dimitir por numerosos colectivos. Los altos magistrados han sido cómplices de los desahucios y del rescate bancario gratuito para los culpables de la descapitalización de los bancos, de las cláusulas suelo y de todos los demás abusos bancarios. Ahora se justifican declarando que “esta situación se ha producido por falta de claridad en la ley”. Partidos y sindicatos han llamado a la inmediata movilización contra la decisión del Tribunal Supremo, cuando llevan veinte años conviviendo con leyes ilegítimas.

 Ese mismo día, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, anunciaba el cambio de la ley, mediante un decreto ley, expresando su desacuerdo con el presidente del Tribunal Supremo, para que la banca pague el impuesto de las hipotecas, aunque sin retroactividad alguna, que era la verdadera preocupación de los banqueros. El PP, por su parte, solicita que se elimine dicho impuesto, y Ciudadanos pide a los jueces “que pidan disculpas y asuman sus responsabilidades”, mientras que Podemos señala que “los bancos tienen que devolver el dinero”. Desde hace muchos años el régimen en su conjunto ha perpetrado la estafa de la población con la manipulación de los recursos financieros, privatizando las pérdidas de sus grandes negocios, financiándose de la Deuda Pública a costa de la población.

Sánchez, en su anuncio de reforma del impuesto de hipotecas llama al Supremo a que “reflexione y haga autocritica”, pero no es un mero asunto judicial, de la justicia al revés. Todas las instituciones del régimen están en el mismo barco a la deriva. Un régimen incapaz de regenerarse, que sobrevive en el sufrimiento mayoritario de la población.

Entre los banqueros y los magistrados está el Opus Dei, que funciona como una secta secreta con el único objetivo de acumular dinero y poder. Las altas direcciones bancarias y Salas del Tribunal Supremo están controladas, desde hace años, por miembros de la secta, lo que llevó al juez Elpidio Silva -expulsado de la carrera judicial por investigar la corrupción del PP- a manifestar que “la madre de la corrupción está en el poder judicial”.

El Banco de España acaba de publicar las cuentas del rescate bancario que el Estado español adoptó –con el respaldo del Banco Central Europeo- con Rajoy en la presidencia del gobierno. Los gastos del recate bancario se cifran en más de 62.000 millones de euros desde 2009 hasta 2016, que fueron entregados por el Estado a los bancos privados en concepto de crédito a devolver en el momento en el que estos se habían quedado sin liquidez y al borde de la bancarrota, como consecuencia de su ahogo económico por la crisis financiera internacional, contaminados por activos nocivos. Sin embargo, para el Tribunal de Cuentas la deuda de los banqueros asciende a 104.000 millones, y hay especialistas financieros que van mucho más allá, hablando de una deuda oculta, que en diversos conceptos asciende a más de 400.000 millones de euros.

Según canta la contabilidad del Banco de España, a día de hoy, solo se ha devuelto el 7% de la ayuda pública a los bancos privados. Miles de millones de dinero público siguen en los bolsillos de los banqueros que representan una auténtica selección de las familias franquistas.

Una buena parte de ese dinero “prestado” fue a salvar las cajas de ahorro, que habían sido asaltadas y parasitadas por representantes de partidos y sindicatos oficiales, y que más tarde fueron absorbidas por los bancos a precios irrisorios. La banca privada en España está muy por encima del mercado europeo. Según un informe de Riqueza Mundial, en España existen 360.000 personas con más de un millón de dólares, de las que unas 1.500 poseen un patrimonio superior a 50 millones de dólares. Y estos son los buenos clientes de la banca privada española, que maneja el 97% del dinero circulante.

El régimen corrupto y clientelar se constituye así en el terreno más propicio para las grandes estafas del capital y sus banqueros de casta; todos ellos disciplinados al capital internacional que representa la Troika; y ello para realizar la permanente socialización de pérdidas y la privatización de las ganancias. Toda la contrarreforma social, económica y política, sobre la que se sostienen las instituciones del régimen, se traduce en el enorme coste del dominio social y territorial que sufre la mayoría de la población.

Por ello, la lucha por los derechos y libertades democráticas de trabajadores y pueblos, no puede sino estar directamente vinculada, como la carne a la sangre, a la acción política democrática y constituyente por Cortes y Parlamentos soberanos que acaben con la complicidad y la estafa, haciendo ley la voluntad popular.

  • Nov. 15, 2018, 11:52 a.m.

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